GIDH / Medellín, enero 10 de 2017

El Estado de Colombia es condenado por la Corte Interamericana por violación múltiple de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín en el marco de la Operación Orión en el año 2002

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública hoy su decisión del pasado 22 de noviembre de 2016 en el Caso Ana Teresa Yarce y otras -  Comuna 13.  Las cinco lideresas y sus familias desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta hoy, han estado representadas por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH.

Esta decisión es la primera en que la Corte Interamericana condena a Colombia por violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos, y la primera condena internacional por los hechos ocurridos en la comuna 13 de Medellín durante las operaciones militares y bajo el estado de conmoción interior en el año 2002.

De acuerdo con la sentencia, la Corte consideró que todos los hechos de violencia cometidos contra las cinco mujeres, se dieron por su condición de lideresas comunitarias y en un contexto de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos que se tradujo en una situación de riesgo para ellas, sin que el Estado hubiera hecho algo para evitarlo.

María Victoria Fallon, abogada y directora del GIDH, destacó que “la sentencia analiza la situación de la comuna 13, así como el contexto de riesgo para las defensoras de los derechos de las mujeres en Colombia; y el desplazamiento forzado y su impacto especifico en las mujeres. Es la primera vez que un tribunal internacional analiza este contexto y sus consecuencias para las mujeres defensoras de derechos humanos. Es ese sentido, esta sentencia constituye la primera condena internacional por el asesinato de una lideresa defensora de derechos humanos y otorga responsabilidad por la violación a la Convención de Belem Do pará”.

En este caso la Corte consideró que el Estado faltó a su obligación de garantizar la vida e integridad de la lideresa Ana Teresa Yarce y que violó entre otros, los derechos a la libertad, la integridad y la libre Asociación de las lideresas Socorro Mosquera, Mery Naranjo, Luz Dary Ospina y Miriam Rúa,  pues no les garantizó los medios necesarios para que como integrantes de distintas organizaciones sociales y comunitarias pudieran realizar libremente sus actividades como defensoras de derechos humanos.

Además, la Corte desestimó las excepciones del Estado de Colombia para que ese Tribunal no conociera de los hechos, comprobó la responsabilidad del Estado porque cometió un ilícito internacional, es decir que violó sus obligaciones internacionales, y no aceptó las argumentaciones de Colombia que pedía a la Corte, en todo caso no reparar a las víctimas, sino remitirlas al trámite interno de la Ley de Víctimas.  La Corte ordenó reparaciones integrales y fijó ella misma las modalidades y montos de reparación.

En palabras de Patricia Fuenmayor, integrante del GIDH "la sentencia de la Corte IDH llega en un momento histórico para Colombia, en su sueño de construir la Paz, pues reconoce las consecuencias nefastas y los daños particulares que ha generado el conflicto colombiano para las mujeres defensoras de derechos humanos, y le da la oportunidad de reparar integralmente a estas mujeres y que este sea el mejor camino de reconciliación”.

Antecedentes del caso

Los hechos materia de este casos se produjeron a partir del año 2002, por orden directa de la Presidencia de la República, en ese momento en manos de Álvaro Uribe, cuando fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, el DAS, el CTI y la Fiscalía, ingresaron violentamente a la Comuna 13 de Medellín, para retomar el control de la zona y entregarla al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, que para entonces empezaba a planear su supuesta desmovilización.

En ese marco, ocurrieron múltiples violaciones de derechos humanos, detenciones masivas, desplazamientos, despojos de viviendas, desapariciones forzadas y asesinatos como el de la lideresa Ana Teresa Yarce, todos ellos con la participación directa o con la complicidad del ejército y la policía.

Sentencia Corte Interamericana de DH Caso Ana Teresa Yarce

Resumen Oficial de la Sentencia

Voto Concurrente Juez Eduardo Ferrer

Este comunicado en PDF

 
GIDH / San José de Costa Rica, junio 26 de 2015 
Audiencia pública del Caso Teresa Yarce y otras (Operación Orión Comuna 13)
ante la Corte Interamericana de DH 
 

El GIDH presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres casos que posteriormente se acumularon sobre las violaciones sufridas por 5 mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarias que desarrollan su trabajo en la comuna 13 de la ciudad de Medellín.  Ellas han sido víctimas de violaciones múltiples de derechos humanos, que ocurrieron en el contexto de las medidas tomadas por el Gobierno nacional entre los años 2002 y 2004 en el marco de la llamada Seguridad Democrática.

Esta situación se vio agravada por las operaciones militares realizadas por el Estado durante el año 2002 y el posterior recrudecimiento del control paramilitar.  Las señoras Myriam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos ilegales, ocupación y destrucción de sus viviendas, y en consecuencia, fueron obligadas a desplazarse. Por su parte, las señoras Ana Teresa Yarce, Mery Naranjo y María del Socorro Mosquera, fueron privadas arbitrariamente de su libertad, y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, la primera de ellas fue asesinada el 6 de octubre de 2004.

La importancia y relevancia de este Caso ante el Sistema Interamericano, radica, no solo en la búsqueda de la realización de los derechos de las víctimas, sino además en el reconocimiento al rol de las mujeres como Defensoras de Derechos Humanos, constructoras de Paz y convivencia en sus respectivas comunidades.

Los hechos del presente caso se enmarcan en el contexto del conflicto armado colombiano, que exacerba y agudiza la violencia y discriminación que históricamente han sufrido las mujeres por su condición de tal, la alta militarización de la vida civil y cotidiana, los hostigamientos, la persecución, las amenazas, los desplazamientos forzados, la estigmatización, son dinámicas propias del conflicto armado en zonas urbanas marginales en situaciones de pobreza y exclusión. En este mismo contexto el Estado y los grupos paramilitares violaron múltiples derechos de las lideresas y sus familiares, reconocidos en la Convención Americana y en la Convención de Belem Do Pará.

Tal como lo señaló la Comisión en su Informe N° 86 del 2013, en Colombia existe un contexto de riesgo para las defensoras de los derechos de las mujeres, y ello ha sido destacado por diferentes organismos nacionales e internacionales. Este contexto impide el ejercicio de derechos fundamentales para cualquier democracia, como el derecho de asociación, y obstaculiza procesos organizativos de mujeres, que son de gran relevancia para el empoderamiento y participación real de las mujeres en la esfera pública.

Por todo lo anterior, se espera que con este Caso además de materializarse los derechos de las víctimas, se destaque la importancia de la participación de las mujeres y sus organizaciones como defensoras de los derechos humanos, y se ordene al Estado desarrollar acciones para generar entornos protectores y seguros para las mujeres en sus comunidades, potenciar la capacidad de las mujeres en la interlocución con el Estado para la construcción de escenarios post conflicto hacia una Paz duradera, estable, incluyente y democrática.

Entre todas las actividades y casos que lleva el GIDH, este caso es uno de los más relevantes, por cuanto de lograr la sentencia favorable al reconocimiento de las víctimas, marcaría un hito en la jurisprudencia del Sistema Regional Interamericano de Derechos Humanos, frente al rol de las mujeres defensoras de derechos humanos y su aporte a la construcción de Paz y resolución pacífica de conflictos, así como a los derechos de verdad, justicia y reparación integral de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado.

Ver Audiencia Pública Caso Teresa Yarce y otras - Operación Orión Comuna 13

 
GIDH / Medellín, septiembre 2014 
Grupo Interdisciplinario GIDH
representa las víctimas ante la Corte Interamericana
por Operación Orión - Comuna 13
 

El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH presentó el pasado 24 de septiembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas en el Caso Ana Teresa Yarce y otros - Comuna 13 (equivalente a la demanda de los Representantes de las víctimas).  El trámite inició tras la presentación de la Demanda de la Comisión Interamericana el 3 de junio del año en curso y es un Caso acumulado que estudia los hechos ocurridos en la Comuna 13 durante el año 2002 tras las varias operaciones militares conjuntas que se realizaron, con énfasis en la Operación Orión. 

La CIDH aprobó el 4 de noviembre de 2013 el Informe No. 86/13 en el que declaró que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los Derechos a la Vida, Integridad Personal, Seguridad y Libertad personal, Propiedad privada, Circulación y Residencia, Asociación, Derechos del niño y Garantías y Protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las lideresas defensoras de derechos humanos, Ana Teresa Yarce (asesinada), Miriam Eugenia Rúa, Luz Dary Ospina, María del Socorro Mosquera y Mery del Socoro Naranjo y sus familiares, entre ellos varios niños y niñas. 

El GIDH solicitó a la Corte que declare violados los mismos derechos que solicitó la Comisión Interamericana y además, que declaré que el Estado es responsable por la violación del derecho a la Honra y Dignidad de las lideresas y por la violación a la expresa Prohibición de suspender ciertos derechos aún en estados de excepción, contenida en el artículo 27 de la Convención Americana.

Vea Demanda de la CIDH e Informe de Fondo No. 86 de 2013 

Vea Informe de Admisibilidad de la CIDH No. 3/07 Caso Miriam Eugenia Rúa Figueroa y otros (Comuna13)

 
GIDH /Washington D.C. abril 5 de 2016
Audiencia ante la Comisión Interamericana
sobre las excavaciones en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín 
La Comisión Interamerica de Derechos Humanos, concedió al Grupo Interdisciplinario GIDH, junto con la Corporación Jurídica Libertad y EQUITAS, una audiencia pública con la participación del Estado de Colombia, para escuchar la situación sobre la Búsqueda de desaparecidos y las excavaciones realizadas en la zona que se conoce con el nombre de la "Escombrera" en la Comuna 13 de Medellín, Colombia.  Dicho lugar es uno de los sitios destinados por la municipalidad para recibir los residuos y escombros de materiales de construcción. 
En la audiencia el GIDH presentó los antecedentes de contexto que dieron lugar a un incremento del delito de desaparición forzada en esa zona de la ciudad, durante los años 2002 a 2004, en el marco de la llamada Política de Seguridad Democrática del entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  Así mismo, se le presentó a la Comisión un informe crítico sobre las labores realizadas por la Alcaldía de Medellín durante el segundo semestre del año 2015 en la búsqueda de los desaparecidos y los elementos que debe contener un Plan de Búsqueda serio.
 
 
GIDH / Medellín, marzo 19 de 2016
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH presenta Informe anual 
sobre la situación de DH en Colombia durante el año 2015
La Oficina en Colombia se refirió en su Informe Anual sobre Colombia, a la necesidad de atender los desafios estructurales de derechos humanos para el logro de una paz equitativa y sostenible e hizo énfasis en 6 ejes principales: 1) Medidas tendientes a garantizar los derechos económicos y sociales, haciendo énfasis en la salud y la educación; 2) Garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos; 3) Pleno reconocimiento y participación como titulares de derechos, tanto de la mujer como de las personas LGBTI; 4) Amplio debate y acción nacional contra la violencia sexual; 5) Derechos de las personas privadas de la libertad a través de la solución del "estado de cosas inconstitucional" que decretó la Corte Constitucional y el abordaje de una reforma de la política criminal; 6) Garantía y respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a los pueblos indígenas y afrocolombianos a la propiedad colectiva, la participación efectiva y la autonomía. 
 

Declárate Defensor de Derechos Humanos 

por: ONUDerechosHumanos

La Banquita del Ocio

 banquita del ocio

  DEFENSA DE LA ALEGRÍA

Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas.


defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias
y los graves diagnósticos


defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias


defender la alegría como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres


defender la alegría como una certeza
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa


defender la alegría como un derecho
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar
y también de la alegría.


 MARIO BENEDETTI

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